Comentarios de Medios / 25 de septiembre - 2006

Ni vivos ni muertos, ni en el poder ni en la calle se logrará de nosotros que cambiemos nuestra conducta. Nos hemos opuesto y nos opondremos siempre a los privilegios, al robo, a la persecución, a la tortura (Juan Bosch – en una carta al día siguiente del Golpe de Estado del 25 de Septiembre de 1963).

Lucha contra el fraude ¿Hay iniquidad?

Un extenso reportaje publicado en Clave Digital (el poder ser extensos es una ventaja y un riesgo de los medios digitales), informa que en los últimos seis meses se han detectado1,754 fraudes eléctricos en empresas, comercios y residencias. Bien por el Programa Nacional de Apoyo a la Eliminación del Fraude Eléctrico (PAEF), una unidad creada mediante el decreto 784-02, del 19 de septiembre de 2002 que cuenta, según la nota informativa, con el respaldo financiero de EdeEste y EdeSur, en espera del apoyo de EdeNorte.

Sin embargo, en la lucha contra el fraude eléctrico realizado por parte de los clientes de las distribuidoras y contra los abusos en algunos cobros que realizan estas empresas en contra de los consumidores, parece existir una iniquidad.

El fraude es definido, por uno que otro diccionario, como un engaño que se realiza eludiendo obligaciones legales o usurpando derechos con el fin de obtener un beneficio. Para que exista un fraude debe existir una oportunidad, la cual es generalmente provocada por falta de controles. Un abuso, en cambio, se hace valiéndose de la posición de poder que se da en una determinada relación, personal o comercial.

En el reportaje de Clave Digital, Marcos Cadet, vocero de Ede-Este, señala que los fraudes eléctricos más significativos a nivel del volumen de energía consumida se dan entre “los industriales y los comercios, especialmente los colmadones”. El vocero, sin embargo, cae en ese limbo de que gozan algunas denuncias: son “generales”, afectan a todo el mundo sin establecer responsabilidades específicas. Esto es, a mi parecer, injusto.

Señala el reportaje que el PAEF cuenta con 141 empleados, la mayoría militares de diferentes organismos armados. Unas 29 brigadas salen a las calles a combatir el fraude y hasta el momento han detenido a 362 personas de las que sometieron a 63 ante los tribunales, pero sólo una recibió prisión. El PAEF recibe dos millones y medio de pesos al mes de EdeSur y un millón 900 mil pesos de EdeEste. ¡Muy bien!

Aunque muy limitada ante la magnitud del problema, esta es una actitud proactiva en contra del fraude o robo de energía eléctrica que suministran las distribuidoras a sus clientes.

¡Magnífico!

Sin embargo, no existe la misma actitud proactiva por parte del Estado en lograr que el organismo que protege a los consumidores o clientes de energía eléctrica que pagan “religiosamente” su consumo sean protegidos de posibles abusos y “errores” de las distribuidoras.

Se pueden quejar… y probablemente sus quejas –muchas- sean atendidas, pero también pueden no quejarse y posiblemente continúen siendo víctimas de abusos por parte de las distribuidoras.

Y, en ese sentido, puede hablarse de iniquidad.

Milton Tejada C.

tejadamilton@yahoo.com