Bonetti
de Valiente señala que decretar controles de precios violenta la Ley y, además,
nunca ha resuelto el problema para los consumidores
La
Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) consideró que la
fijación de precios en un régimen de mercado no puede hacerse mediante acuerdos
y mucho menos mediante resoluciones emanadas de algún organismo estatal “sino
que la libertad de competencia, la necesidad de ganar mercados de parte de las
empresas productoras e incluso la apertura comercial, confluyen para que los
consumidores sean los más beneficiados y tengan, además, mucho más opciones”.
En
ese sentido se pronunció Ligia Bonetti de Valiente al explicar las razones por
la cual la AIRD se opone a la fijación de precios a la libra de pollo en el
mercado local. “Viola la Ley de Defensa de la Competencia o 42-08, porque niega la competencia. Esa
misma Ley también faculta para que puedan iniciarse investigaciones sobre si
existen mecanismos desde el sector privado de fijación de precios que impidan
la libre competencia”, explicó.
La
normativa a la que hizo referencia Bonetti señala, en su artículo dos, que “se
reconoce el derecho constitucional a la libre empresa, comercio e industria,
compatible con la eficiencia económica, la competencia efectiva y la buena fe
comercial”. Añade, además, que la normativa es aplicable a todas las áreas de
actividad económica, incluyendo la comercialización de la carne de pollo, y que
todos los agentes están sujetos a esta Ley en estos aspectos.
Bonetti
de Valiente señaló que la AIRD valora como positiva las intenciones de la
directora de Pro-Consumidor, pero que emitir resoluciones o promover acuerdos
que busquen controles de precios, violenta parte de la estructura jurídica y,
además, “no ha resuelto nunca los verdaderos problemas”.
“Si
hay cuellos o situaciones que estén impidiendo esta libre competencia,
Pro-Consumidor tiene en la Ley 42-08 el instrumento necesario para intervenir.
Si hay un fallo en los mecanismos de mercado, no se puede solucionar con otro
error como una intervención para fijar precios, debe solucionarse acudiendo a
lo establecido por la Ley”, afirmó Bonetti de Valiente.
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