CARTA A OSCAR MEDINA / COLUMNISTA DEL LISTIN DIARIO
EN EL ROCKASH NO SE NEGOCIA IMPUNIDAD
Señor
Oscar Medina,
Listín Diario,
Ciudad.
Distinguido señor:
Me es grato leer su columna en el Listín Diario y valorar positivamente la independencia con la cual suele exponer sus criterios (y también la altura). Sin embargo, en esta ocasión difiero sobre el tratamiento dado al tema del rockash. El pasado lunes 28 de noviembre la Secretaría de Medio Ambiente sostuvo un encuentro con diversas organizaciones, en coordinación con la Academia de Ciencias de la República Dominicana, exponiendo con claridad cuál es la situación en la que nos encontramos con relación a esta problemática y escuchando el parecer de decenas de organizaciones que se dieron cita en el encuentro.
Lo primero, el “no ha lugar” de un juez en Montecristi no se debió a la falta de diligencia del Ministerio Público. El juez se pronunció sobre la toxicidad o no del material, sin que ese fuera el motivo de la acusación. El Ministerio Público fundamentó su caso en el hecho de que el rockash se depositó en el país violentando los procedimientos administrativos y la legislación ambiental vigente, así como acuerdos internacionales diversos –tal como el Tratado de Basilea, que obliga a la notificación del traslado de este tipo de material al país receptor y que impide la colocación de este tipo de desechos en zonas costero-marinas-. El magistrado no se pronunció en torno a esta acusación, con lo cual “denegó justicia” al hacer caso omiso de las mismas (dicho en una expresión: “Se le acusa de matar a Pedro. Yo no maté a Juana. Bien, es inocente de matar a Juana”).
Esto es independiente de que el rockash como tal es “ecotóxico” (es decir: mal dispuesto, como es el caso, causa daños significativos a la vida, a la cadena alimenticia, a la salud de la gente, aunque sea a largo plazo: traza de metales pesados, ph alto, entre otras características).
Usted señala que a las comunidades de Montecristi y Samaná “las han dejado solas … nadie habla del rockash”. Sin embargo, permítame recordarle que la actual gestión de Medio Ambiente emitió una resolución el 25 de noviembre de 2004 (la 11/2004), en donde sanciona administrativamente a las empresas Multigestiones Valenza, Trans Dominicana de Desarrollo y al Dr. René Ledesma, por ser solidariamente responsable de la introducción irregular al país del material denominado Rock Ash. Entre las sanciones, la resolución establece que los responsables deben recoger y trasladar de forma inmediata el residuo a un lugar adecuado y bajo condiciones ambientalmente seguras a fin de evitar o minimizar los posibles impactos negativos de dicho material al medio ambiente, los recursos naturales y a la salud humana. Además, se les ordena la elaboración y ejecución de un plan de recuperación, cuyos costos estarán a cargo de las empresas indicadas anteriormente. Medio Ambiente aplicó la máxima sanción administrativa posible al imponer el pago de una multa de tres mil (3000) salarios mínimos vigentes en la fecha en que se cometió la infracción, así como al apoderar al Procurador para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales para que realizara las acciones legales pertinentes.
Don Oscar, no se puede subsanar una violación, cometiendo otra violación u otras violaciones. Ha sido preciso esperar que los tribunales se pronuncien y seguir los procedimientos judiciales correspondientes. En ese sentido, una de las empresas, Multigestiones Valenza, interpuso un recurso de reconsideración contra la resolución de Medio Ambiente, y la otra, Trans Dominicana de Desarrollo, un recurso contencioso administrativo ante la Cámara de Cuentas. Ese paso lo dieron en diciembre del 2004.
En fecha 27 de enero del 2005 el Secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales rechaza las pretensiones de las empresas Multigestiones Valenza y del Sr. René Ledesma y ratifica las sanciones impuestas mediante la Resolución No.11/2004, y ocho meses más tarde (el 26 de septiembre del presente año), la Cámara de Cuentas, en función de Tribunal Superior Administrativo, emite la Sentencia No. 37-05 de fecha 26 de septiembre 2005 con motivo del recurso contencioso administrativo, interpuesto por el Sr. René Ledesma y la empresa Multigestiones Valenza.
La sentencia de la Cámara de Cuenta es un acto de responsabilidad de dicho tribunal, pero también es una ratificación del proceder del Secretario de Medio Ambiente, pues ratifica en todas sus partes la resolución 11/2004.
Valgan estos párrafos para indicarle el proceso seguido, sin obviar serias diligencias realizadas para someter a los responsables internacionales del hecho, para lo cual Medio Ambiente se encuentra dando los pasos de lugar.
Coincido con usted en algo fundamental: el material no se puede dejar donde está.
La toxicidad o no del material ha sido ampliamente debatida y parece clara una conclusión: no hay acuerdo. Lo que sí es generalmente aceptado es que el material, en la forma en que fue dispuesto es “ecotóxico”, dañino al ambiente a largo plazo, y ya ha hecho mucho daño a la economía turística de Samaná.
El rockash no puede ser “evaporado”, por lo cual sólo tienen las autoridades dos alternativas: o su exportación o su disposición en el país.
Los acusados –y condenados administrativamente- parecen no ser solventes (a pesar de lo cual, la acción que procede es el embargo). Iniciar el extrañamiento del material tiene un costo superior a los veinte millones de dólares lo cual significa una nueva carga para los contribuyentes dominicanos de más de 600 millones de pesos.
Otras alternativas giran en torno a disponer del material en República Dominicana: en el uso de construcciones, especialmente carreteras; enterrándolo en otro lugar, o procesándolo en las empresas cementeras nacionales (cuyos hornos a más de 2,500 grados incinerarían el rockash, haciendo fácil su eliminación).
No se negocia “impunidad”. Esperamos que los tribunales dominicanos también se pronuncien sobre el caso de modo responsable. Sin embargo, no hay soluciones mágicas. Todas son soluciones de este mundo y todas tienen un costo económico y social. Gobernar es optar, y a veces las opciones no son fáciles porque nos confrontan con sectores, creencias, percepciones, pero tampoco deben hacerse sobre la base de “deseos”, sino que dichas opciones han de tomar en cuenta lo factible. Sobre esto me gustaría oír su opinión responsable.
Milton Tejada C.
Director de Comunicaciones
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Oscar Medina,
Listín Diario,
Ciudad.
Distinguido señor:
Me es grato leer su columna en el Listín Diario y valorar positivamente la independencia con la cual suele exponer sus criterios (y también la altura). Sin embargo, en esta ocasión difiero sobre el tratamiento dado al tema del rockash. El pasado lunes 28 de noviembre la Secretaría de Medio Ambiente sostuvo un encuentro con diversas organizaciones, en coordinación con la Academia de Ciencias de la República Dominicana, exponiendo con claridad cuál es la situación en la que nos encontramos con relación a esta problemática y escuchando el parecer de decenas de organizaciones que se dieron cita en el encuentro.
Lo primero, el “no ha lugar” de un juez en Montecristi no se debió a la falta de diligencia del Ministerio Público. El juez se pronunció sobre la toxicidad o no del material, sin que ese fuera el motivo de la acusación. El Ministerio Público fundamentó su caso en el hecho de que el rockash se depositó en el país violentando los procedimientos administrativos y la legislación ambiental vigente, así como acuerdos internacionales diversos –tal como el Tratado de Basilea, que obliga a la notificación del traslado de este tipo de material al país receptor y que impide la colocación de este tipo de desechos en zonas costero-marinas-. El magistrado no se pronunció en torno a esta acusación, con lo cual “denegó justicia” al hacer caso omiso de las mismas (dicho en una expresión: “Se le acusa de matar a Pedro. Yo no maté a Juana. Bien, es inocente de matar a Juana”).
Esto es independiente de que el rockash como tal es “ecotóxico” (es decir: mal dispuesto, como es el caso, causa daños significativos a la vida, a la cadena alimenticia, a la salud de la gente, aunque sea a largo plazo: traza de metales pesados, ph alto, entre otras características).
Usted señala que a las comunidades de Montecristi y Samaná “las han dejado solas … nadie habla del rockash”. Sin embargo, permítame recordarle que la actual gestión de Medio Ambiente emitió una resolución el 25 de noviembre de 2004 (la 11/2004), en donde sanciona administrativamente a las empresas Multigestiones Valenza, Trans Dominicana de Desarrollo y al Dr. René Ledesma, por ser solidariamente responsable de la introducción irregular al país del material denominado Rock Ash. Entre las sanciones, la resolución establece que los responsables deben recoger y trasladar de forma inmediata el residuo a un lugar adecuado y bajo condiciones ambientalmente seguras a fin de evitar o minimizar los posibles impactos negativos de dicho material al medio ambiente, los recursos naturales y a la salud humana. Además, se les ordena la elaboración y ejecución de un plan de recuperación, cuyos costos estarán a cargo de las empresas indicadas anteriormente. Medio Ambiente aplicó la máxima sanción administrativa posible al imponer el pago de una multa de tres mil (3000) salarios mínimos vigentes en la fecha en que se cometió la infracción, así como al apoderar al Procurador para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales para que realizara las acciones legales pertinentes.
Don Oscar, no se puede subsanar una violación, cometiendo otra violación u otras violaciones. Ha sido preciso esperar que los tribunales se pronuncien y seguir los procedimientos judiciales correspondientes. En ese sentido, una de las empresas, Multigestiones Valenza, interpuso un recurso de reconsideración contra la resolución de Medio Ambiente, y la otra, Trans Dominicana de Desarrollo, un recurso contencioso administrativo ante la Cámara de Cuentas. Ese paso lo dieron en diciembre del 2004.
En fecha 27 de enero del 2005 el Secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales rechaza las pretensiones de las empresas Multigestiones Valenza y del Sr. René Ledesma y ratifica las sanciones impuestas mediante la Resolución No.11/2004, y ocho meses más tarde (el 26 de septiembre del presente año), la Cámara de Cuentas, en función de Tribunal Superior Administrativo, emite la Sentencia No. 37-05 de fecha 26 de septiembre 2005 con motivo del recurso contencioso administrativo, interpuesto por el Sr. René Ledesma y la empresa Multigestiones Valenza.
La sentencia de la Cámara de Cuenta es un acto de responsabilidad de dicho tribunal, pero también es una ratificación del proceder del Secretario de Medio Ambiente, pues ratifica en todas sus partes la resolución 11/2004.
Valgan estos párrafos para indicarle el proceso seguido, sin obviar serias diligencias realizadas para someter a los responsables internacionales del hecho, para lo cual Medio Ambiente se encuentra dando los pasos de lugar.
Coincido con usted en algo fundamental: el material no se puede dejar donde está.
La toxicidad o no del material ha sido ampliamente debatida y parece clara una conclusión: no hay acuerdo. Lo que sí es generalmente aceptado es que el material, en la forma en que fue dispuesto es “ecotóxico”, dañino al ambiente a largo plazo, y ya ha hecho mucho daño a la economía turística de Samaná.
El rockash no puede ser “evaporado”, por lo cual sólo tienen las autoridades dos alternativas: o su exportación o su disposición en el país.
Los acusados –y condenados administrativamente- parecen no ser solventes (a pesar de lo cual, la acción que procede es el embargo). Iniciar el extrañamiento del material tiene un costo superior a los veinte millones de dólares lo cual significa una nueva carga para los contribuyentes dominicanos de más de 600 millones de pesos.
Otras alternativas giran en torno a disponer del material en República Dominicana: en el uso de construcciones, especialmente carreteras; enterrándolo en otro lugar, o procesándolo en las empresas cementeras nacionales (cuyos hornos a más de 2,500 grados incinerarían el rockash, haciendo fácil su eliminación).
No se negocia “impunidad”. Esperamos que los tribunales dominicanos también se pronuncien sobre el caso de modo responsable. Sin embargo, no hay soluciones mágicas. Todas son soluciones de este mundo y todas tienen un costo económico y social. Gobernar es optar, y a veces las opciones no son fáciles porque nos confrontan con sectores, creencias, percepciones, pero tampoco deben hacerse sobre la base de “deseos”, sino que dichas opciones han de tomar en cuenta lo factible. Sobre esto me gustaría oír su opinión responsable.
Milton Tejada C.
Director de Comunicaciones
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
3 comentarios:
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