La
contienda electoral de 2012 ha puesto en alerta a la sociedad dominicana sobre la
falta de alternativas de cambio, los serios déficits en la vida institucional del
país y el desafío de fortalecer el movimiento social. El Centro Bonó hace un
llamado a la transparencia y afirma que no se vislumbra una opción de cambio.
Declaración pública
Sin opciones de cambio y con fragilidad institucional,
fortalezcamos el movimiento social
A pesar de que en esta contienda los equipos de campaña han hecho
un esfuerzo para presentar algunas propuestas al escrutinio
de la sociedad, sobre todo en el tema educación o el agrario, echamos de menos
el mismo empeño para poner sobre el tapete otros temas fundamentales como
seguridad social, salud, vivienda, justicia y género.
También vemos con preocupación el afianzamiento de
un bipartidismo que debilita la vida democrática. Más del 90% del electorado se
reparte entre dos partidos, que están comprometidos con sectores poderosos con
deudas acumuladas que esperan ser saldadas. Los partidos con más posibilidades de alcanzar la
presidencia no ofrecen un cambio
verdadero en favor de las mayorías empobrecidas del país, como lo demuestran sus prácticas
populistas, clientelares, poco institucionales, y, lo que es peor, rodeadas de personajes que han
sido cuestionados públicamente por
el manejo de lo público para el enriquecimiento personal.
Desafortunadamente en el país no se han desarrollado propuestas
políticas alternativas con capacidad de lograr el favor de las mayorías.
Los candidatos de los partidos emergentes no lograron construir
una fuerza unitaria que pudiera ser opción a los partidos tradicionales que han
gobernado el país en las últimas décadas. A pesar de esto, desde el Centro Bonó
esperamos que la población ejerza el voto de forma consciente y crítica,
enviando un mensaje inequívoco de apoyo al sistema democrático y a la opción que
represente una mejora de las condiciones de vida de los/as dominicanos/as.
La fragilidad
institucional
La Junta Central Electoral debe librarse de las intromisiones
partidistas que afectan su rol para controlar el proceso electoral. La JCE no
aplicó el artículo 8 de la ley electoral, que obliga a los partidos a comenzar
la campaña noventa (90) días antes de la fecha de la elección. Los partidos más
grandes irrespetaron la ley al llenar los espacios públicos de propaganda
visual y auditiva, afectando así la convivencia social. Por eso, es necesaria una nueva Ley electoral más acorde con los tiempos, y que permita un
mayor control ciudadano.
También es necesario contar con una ley de partidos para regular el financiamiento de las
campañas y conocer de dónde provienen los fondos con los que se mantiene la
propaganda electoral.
Existe una amplia percepción de que el partido
oficial ha abusado de los recursos del fisco para financiar una campaña mil
millonaria. Para estos fines, el partido
oficial no se ha planteado la necesidad de un límite de gasto que no resulte
inmoral e injusto en medio de una situación de crisis económica como la que
vivimos. La falta de monitoreo de los gastos de la campaña incrementa los
niveles de impunidad e impide establecer con exactitud el uso de los recursos
públicos.
La falta de control institucional de la JCE
también se manifiesta en el nivel del debate público. La dinámica de la campaña,
protagonizada por los partidos tradicionales, continúa afianzando el
paternalismo y la demagogia como forma de hacer política, convirtiendo al
electorado en clientela que recibe dádivas a cambio de votos. En un innecesario
intercambio de acusaciones e insultos, el país ha visto cómo se materializa la
violencia verbal en violencia política, y hoy contamos dos víctimas fatales que
pudieron haberse evitado.
Se restringe el derecho al voto
Es
muy grave que la JCE siga impidiendo a miles de dominicanos/as de ascendencia
haitiana que participen en estos comicios electorales. Los miembros de este colectivo no podrán votar el próximo 20 de mayo
porque la JCE les ha despojado de sus documentos de identidad bajo falsos
alegatos, aplicando de forma arbitraria y retroactiva la ley de migración y
violentando así los derechos humanos consagrados en la Constitución.
Un llamado a la
transparencia y al fortalecimiento del movimiento social
Desde el Centro Bonó apelamos a la Junta Central Electoral para
que gestione los comicios con pulcritud
y transparencia, respetando y haciendo respetar la voluntad popular que sea
expresada el próximo 20 de mayo; asimismo
hacemos un llamado a los partidos políticos y a los medios de
comunicación para que actúen con prudencia y responsabilidad evitando exacerbar y manipular los sentimientos y
preferencias políticas de la población.
La República Dominicana
merece celebrar unas elecciones sin sobresaltos ni violencia, con un escrutinio
transparente y limpio, para que el país pueda avanzar en la construcción de un
Estado social y democrático de derecho, como establece el art. 7 de la Constitución. Por último, confiamos en que todo el movimiento social del
país seguirá fortaleciendo sus demandas, haciendo valer sus derechos y
exigiendo justicia a cualquiera que asuma el próximo gobierno.
Santo Domingo, 5
de mayo de 2012
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