La
Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación
Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), la Asociación de Industrias de Muebles y
Colchones (ASONAIMCO), la Asociación Dominicana de Productores de Ron
(ADOPRON), La Asociación de Industrias de Bebidas Gasesosas (ASIBEGAS), la
Asociación Dominicana de Fabricantes de Cervezas (ADOFACE), la Asociación
Dominicana de Industrias Textiles (ADITEX), y la Asociación Dominicana de
Industrias de Plástico (ADIPLAST), en nota de prensa conjunta, señalaron que la
reciente aprobación por parte del Consejo de Desarrollo Fronterizo, de empresas
fabricantes de ron, colchones, envases plásticos, sacos de polipropilenos,
ventanas, bebidas gaseosas y pacas, no sólo constituye una rebeldía frente a
las recomendaciones de no aprobación de esas empresas por parte de
instituciones gubernamentales, sino además un atentado contra miles de
industrias generadoras de más de 10 mil empleos formales en el país y que
contribuyen con millones de pesos en impuestos.
Asociaciones industriales dan la cara:
dicen no, a aprobación de empresas en la frontera
Denunciaron que varias de las empresas
aprobadas están operando actualmente
fuera de la zona fronteriza por lo que no
crearán nuevos empleos.
El pasado jueves 26 de julio el Consejo de Desarrollo
Fronterizo –pese a la opinión en contra del Comité Tecnico de Evaluacion
conformado por varias instituciones de gobierno, entre ellas la DGII, la DGA y
el Ministerio de Industria y Comercio- aprobó la instalación de varias empresas
bajo el amparo de la Ley 28-01, instrumento jurídico que ha originado un
profundo descontento en gran parte del sector productivo nacional,
especialmente del sector productivo de bienes.
La Asociación de Industrias de la República Dominicana
(AIRD), la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), la Asociación de
Industrias de Muebles y Colchones (ASONAIMCO), la Asociación Dominicana de
Productores de Ron (ADOPRON), La Asociación de Industrias de Bebidas Gasesosas
(ASIBEGAS), la Asociación Dominicana de Fabricantes de Cervezas (ADOFACE), la
Asociación Dominicana de Industrias Textiles (ADITEX), y la Asociación
Dominicana de Industrias de Plástico (ADIPLAST), en nota de prensa conjunta,
señalaron que la reciente aprobación por parte del Consejo de Desarrollo
Fronterizo, de empresas fabricantes de ron, colchones, envases plásticos, sacos
de polipropilenos, ventanas, bebidas gaseosas y pacas, no sólo constituye una
rebeldía frente a las recomendaciones de no aprobación de esas empresas por
parte de instituciones gubernamentales, sino además un atentado contra miles de
industrias generadoras de más de 10 mil empleos formales en el país y que
contribuyen con millones de pesos en impuestos.
“El Consejo de Desarrollo Fronterizo, compuesto en su
mayoría por senadores y diputados de las provincias de la frontera, debió haber
tomado en cuenta las consideraciones y opiniones de instituciones recaudadoras
de gobierno, como la Direccion General de Impuestos Internos y la Dirección
General de Aduanas, que recomendaron en el Comité Técnico de Evaluación de la
Ley de Desarrollo Fronterizo, la no aprobación de esas industrias debido a que
provocarían una disminución en las recaudaciones de impuestos y una gran distorsión
en el mercado”, señalaron las organizaciones empresariales.
Señalaron además que varias de las empresas aprobadas
no cumplen ya se encuentran operando en otras zonas geográficas del país por lo
que no generararan nuevos empleos y sí provocarán una disminución de los
ingresos fiscales del gobierno.
Consideraron que la actual Ley No. 28-01, más que
constituirse en un instrumento que permita un desarrollo económico integral,
convierte a la zona fronteriza en una especie de paraíso fiscal, donde se
incentiva el asentamiento de industrias cuya intervención en el mercado
doméstico provoca una competencia desleal derivada de las excesivas ventajas
fiscales, las cuales al trasladarse a los precios de comercialización de los
productos elaborados en la frontera, afecta la permanencia de las demás
industrias nacionales que desde hace años y con cuantiosas inversiones se
encuentran establecidas en otros puntos del país, generando decenas de miles de
empleos y contribuyendo al sostenimiento del Estado a través del pago de sus
impuestos.
Asimismo al no definir la ley actual claramente el
concepto de materia prima, la misma se presta a ser utilizada como puente para
el trasiego de productos terminados con un grado mínimo de elaboración o
manufactura y venderlos en toda la geografía nacional sin el pago
correspondiente de impuestos.
El sector empresarial reconoce la necesidad de fomentar
el crecimiento, la inversión y el desarrollo en la zona fronteriza siempre y
cuando se logre armonizar dicho propósito con la preservación de un ambiente de
competencia justa y leal con aquellas actividades que se han instalado fuera de
la frontera con Haití, que constituyen parte esencial de nuestras
exportaciones.
Finalmente exhortaron al Consejo de Desarrollo
Fronterizo a reconsiderar la aprobación de dichas empresas, en estos momentos
en que el nuevo gobierno se apresta a pactar con los sectores sociales y el
empresariado un pacto fiscal con la finalidad de eliminar incentivos fiscales
que creen distorsiones en la economía.
Los beneficios de una ley que
favorece la competencia desleal
El
alcance de los mencionados beneficios fiscales fue establecido en el párrafo
del artículo 2 de la mencionada Ley, el cual dispone que “Las empresas
industriales, agroindustriales, agropecuarias, metalmecánica, de zonas francas,
turísticas, metalúrgicas y energéticas, y de todo tipo de empresas permitidas
por las leyes dominicanas establecidas y que se establezcan en el futuro, que
operen dentro de los límites de las provincias de Pedernales, Independencia,
Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco, disfrutarán de
una exención de un cien por ciento (100%) del pago de impuestos internos, de
aranceles aduaneros sobre materias primas, equipos y maquinarias, así como
cualquier tipo de impuesto, durante un período de veinte (20) años.[1]
Se
les otorga, además, un cincuenta por ciento (50%) en el pago de libertad de
tránsito y uso de puertos y aeropuertos”, de igual manera a través del artículo
3 de la ut supra indicada norma legal se les otorga a las empresas beneficiarias un descuento del
50% de cualquier impuesto que fuese establecido en el futuro ya sea por el
Gobierno Central o por cualquier gobierno municipal.” En otras palabras, se les
otorga a las empresas que se acojan al régimen establecido por la mencionada
Ley 28-01 una serie de beneficios que prácticamente hacen de la frontera una
zona de exclusión fiscal, con la capacidad de operar en todo el territorio
nacional. Dichas exenciones tendrían una vigencia de 20 años a partir del
momento en que las empresas se adhirieran al marco legislativo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario