Pavel Isa Contreras escribe en El Caribe y nos dice
que “Es tiempo de empezar a construir un sistema fiscal sostenible y
equitativo. De lo contrario continuaremos repitiendo esta tragedia fiscal. La coyuntura actual ofrece una oportunidad
única. Al gobierno le urgen recursos, la sociedad quiere justicia tributaria y
un gasto público de calidad. La transacción está clara”.
El sistema fiscal dominicano es altamente defectuoso.
Por el lado de los ingresos recauda poco porque grava poco a quienes más
tienen, con frecuencia penaliza la producción, deja escapar muchos ingresos e
incentiva demasiado la evasión porque distribuye la carga de forma desigual.
Por el lado del gasto, con lo poco que se recauda, no pone énfasis en las
prioridades de la gente y en el fortalecimiento de sus capacidades, otorga
poder a unos pocos para que decidan cómo gastar y en qué gastar, y contribuye a
que algunos se alcen con el santo y la limosna. Además, aunque no sea su
responsabilidad, financia un subsidio al sector eléctrico que ha llevado las
finanzas públicas a la bancarrota y no resuelve el problema.
Los ingresos insuficientes se derivan de que el país
no se ha abocado a una reforma tributaria de largo alcance que logre
gradualmente financiar al Estado de forma adecuada y que distribuya la carga de
forma más equitativa.
Paradójicamente, hemos tenido cuatro reformas
tributarias en los últimos ocho años. Aunque los debates públicos han sido
intensos, éstas no han hecho una diferencia importante más allá de reemplazar
las pérdidas de ingresos aduaneros como consecuencia de los acuerdos de libre
comercio. Han sido reformas superficiales hechas “a la carrera” y que han
buscado resolver problemas fiscales inmediatos antes que transformar el sistema
pensando en el desarrollo de largo plazo. Estos son los conocidos “parches
tributarios”.
El lado del gasto es quizás el peor. En años recientes
el país se dotó de un conjunto de importantes leyes que debieron haber servido
de base para un saneamiento del gasto público. También se han dado cambios
positivos en la gestión financiera. Sin embargo, esto ha sido palpablemente
insuficiente. La opacidad, la discrecionalidad y la inefectividad del gasto
para causar impactos perceptibles en la vida de las personas y en las
capacidades productivas de las empresas siguen siendo la norma. Eso refleja en
parte la falta de compromiso con las leyes de quienes las han promovido.
A lo anterior se suma el hecho de que con frecuencia
el gasto se incrementa por encima de las capacidades de recaudación. Unas veces
esto se ha debido a las vulnerabilidades propias de una economía pequeña como
la dominicana a la que los shocks externos le golpean duro; otras ha tenido que
ver con nuestras miserias institucionales; a veces ambas cosas al mismo tiempo.
La consecuencia de lo descrito ha sido que, de manera
recurrente, las finanzas públicas se ven en aprietos. Los ajustes tributarios,
además de haber sido insustanciales, han generado aumentos apenas temporales en
los ingresos públicos, los cuales en poco tiempo vuelven a reducirse en
términos relativos, en parte porque los contribuyentes encuentran formas para
burlar al fisco por uno de los numerosos hoyos que la legislación han dejado
para beneficiar a grupos privilegiados, o que las debilidades institucionales y
técnicas todavía no han cerrado.
Los déficits no fueran un problema si se tratase de
situaciones deliberadas que resultasen de un activismo del gasto en procura de
empujar la economía en tiempos difíciles. Pero esta parece ser la excepción
antes que la regla. Lo que ha predominado es una situación de fondo que se
origina en una falta de determinación de quienes detentan el poder económico y
político por construir un sistema fiscal sostenible y para el desarrollo.
Los ricos no quieren pagar la cuenta de serlo, los
gobiernos se han conformado con lo mínimo para hacer clientelismo y sostener
precariamente al Estado, y los pobres no tienen la fuerza para hacerse sentir y
reclamar sus derechos. De allí que el grueso de la carga recaiga sobre los
sectores medios. Al final, casi todo el mundo está insatisfecho, especialmente
por lo que el Estado termina devolviendo.
Es tiempo de romper con esa historia y empezar a
construir un sistema fiscal sostenible y equitativo. De lo contrario
continuaremos repitiendo esta tragedia fiscal. La coyuntura actual ofrece una
oportunidad única. Al gobierno le urgen recursos, la sociedad quiere justicia
tributaria y un gasto público de calidad. La transacción está clara.
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