Pavel
Isa nos indica algunos de los costos de la corrupción en nuestro país: reduce
la calidad del gasto público; reduce el impacto del gasto en el crecimiento
económico; genera desconfianza y ahuyenta las inversiones de largo aliento; fomenta
la competencia desleal entre grupos económicos beneficiados por la corrupción y
los que no lo son, y tiende a obligar al Estado a buscar nuevos recursos. Las
negritas son nuestras, MT.
El costo económico de la corrupción
Después de un largo letargo, la
sociedad dominicana se está levantando y está exigiendo acciones claras y
decididas contra la corrupción. Decir que se está buscando revancha por exigir
el fin de la impunidad es no entender que el castigo es vital para un proceso
de adecentamiento de la gestión pública.
Para eso precisamente existen las
leyes que penalizan los actos dolosos. Como se ha dicho, la inmunidad es el
mayor incentivo que tiene la corrupción. Por ello, no basta con un “de ahora en
adelante no más”; la historia reciente está llena de ellos y la descomposición
en la administración pública parece haberse agravado.
Por eso fue tan decepcionante que el
Presidente, en un discurso que tuvo la gran virtud de haber puesto en el centro
de la atención a las personas, lo haya cerrado llamando al olvido y dándole la
espalda a la justicia. El Presidente tendrá sus razones políticas para cerrar
filas con parte de su partido, pero la sociedad tiene otras mucho más legítimas
para sentirse defraudada y para exigirle que haga lo que nunca se ha hecho: que
la justicia actúe.
Pero la dimensión judicial no agota el
tema; el costo económico de la corrupción es uno de sus aspectos más relevantes
y que mayores consecuencias tiene porque compromete el desarrollo de largo
plazo.
En
primer lugar, la corrupción reduce la calidad del gasto público. Esto se
traduce en una infraestructura pública de baja calidad, en una menor cobertura
y menor calidad de los servicios públicos o en un gasto excesivo con relación a
lo contratado.
Carreteras y edificaciones pobremente
diseñadas y/o construidas, sobrevaluadas o innecesarias; equipos defectuosos o
inadecuados; personal sin las calificaciones requeridas para el puesto o
simplemente superfluo; o provisiones innecesarias, defectuosas o a sobreprecios
son algunas de las consecuencias más comunes de una gestión de lo público que
lo que busca es beneficiar a privados.
En
segundo lugar, la corrupción reduce el impacto del gasto público en el
crecimiento económico y el empleo porque una parte significativa de éste no
demanda bienes y servicios de la economía, sino que se convierte en
ahorro que se fuga al exterior, o simplemente en mayores importaciones derivadas
de ganancias excesivas que financian un consumo suntuoso de quienes se
benefician.
Es por esa razón que el enorme déficit
de 2012 levantó sospechas con respecto al destino de los recursos. A pesar del
exagerado incremento del gasto y la inversión pública, cuya consecuencia
esperable hubiese sido mayor crecimiento, en especial del sector construcción,
lo que ha venido ocurriendo ha sido un menor crecimiento y una contracción de
ese sector.
En tercer lugar, la corrupción genera desconfianza y ahuyenta las
inversiones de largo aliento y que apuestan al desarrollo del país,
mientras promueve las oportunistas que buscan obtener ventajas espurias y de
corto plazo, frecuentemente vinculadas precisamente a la corrupción y a
ganancias derivadas de decisiones desde el Estado. Vale recordar que el país
ocupa algunos de los primeros puestos en percepción de la corrupción y en el
uso discrecional del poder para beneficiar a grupos específicos.
En cuarto lugar, la corrupción alimenta el surgimiento o
expansión de grupos económicos que, al sacar ventajas ilegítimas de su relación
con el Estado, coloca en desventaja a otros que no han disfrutado de esas
ventajas, lo que puede terminar comprometiendo la viabilidad y el crecimiento
de éstas últimas, desincentivando los emprendimientos económicos que no
buscan prebendas.
En quinto lugar, al implicar un uso
ilegítimo e inadecuado de los recursos públicos, la corrupción tiende a obligar al Estado a buscar nuevos recursos, vía
impuestos o deuda pública, en procura de satisfacer las demandas de la
población por servicios públicos o infraestructura, acrecentando la carga que
tiene para toda la sociedad.
No hay desarrollo sin justicia. La
impunidad es la negación de la justicia, pero también es la negación del
desarrollo porque erosiona la efectividad del Estado para cumplir su misión de
proveer servicios públicos de calidad, infraestructura productiva, impulsar el
crecimiento y el empleo, promover una inversión privada de calidad y la
competencia sana, y lograr que la carga de lo público sea una razonable. Por
ello, la lucha contra la corrupción y la impunidad es también una lucha por el
desarrollo. http://www.elcaribe.com.do/2012/12/05/costo-economico-corrupcion
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