En RD ¿Hacia un chavismo ilustrado?... el caso de la Reforma Constitucional
La Ilustración avanzaba. Las fuerzas de la razón buscaban impulsar la creación de una sociedad que se sostuviera más en la lógica humana y menos en las estructuras cuasi religiosas de la monarquía. Algunas monarquías, en un esfuerzo por sobrevivir o por aceptar lo bueno de los cambios, se asumieron como abanderadas del conocimiento, de la ciencia, de las artes, de las reflexiones filosóficas y hasta de nuevas teologías. En otros casos, fueron gobiernos despóticos que, a la vez, se rodeaban de “sabios”. Despotismo ilustrado.
El chavismo avanza. Acaba de lograr en Venezuela una victoria significativa: la posibilidad de reelección indefinida de su figura maestra, Hugo Chávez. Sin embargo, el chavismo no es hoy un patrimonio de Venezuela. En otros países regímenes similares se asoman. Característica común: la apelación a la fuerza de las masas, la búsqueda de una legitimidad a toda costa, el rejuego con disidencias políticas y sociales.
República Dominicana parece andar muy lejos del sendero “bolivariano”. Sin embargo, la mosca de la duda me zumba en las orejas. No sólo por la cercanía con el régimen de Chávez. Se trata del modo de hacer política que se está implementando desde el Palacio Nacional, encabezado por nuestro Presidente Leonel Fernández.
El diálogo social y el diálogo político ha devenido en teatro (salvo que el actual proceso de la “Cumbre de las Fuerzas Vivas” diga otra cosa). De antemano, como en esas novelas en que uno más que sospecha sabe el final, las soluciones a implementar son las soluciones anunciadas por el Gobierno. Leves marchas atrás sólo sirven para “allantar” y contener reacciones, apelar a la racionalidad de los burlados.
En otro orden, ya hemos dicho que el actual gobierno del Presidente Fernández (2004-2012) sólo deberá ser comparado con el primer gobierno encabezado por el Dr. Fernández (1996-2000), donde se enarboló como nunca antes la bandera de la institucionalidad, la tecnología, la educación, la apertura comercial, la gestión privada de la producción, la persecución de la corrupción, etc. entre otros aspectos que la nostalgia no nos deja enumerar.
Actualmente el Partido de la Liberación Dominicana –y especialmente su presidente y líder- impulsan una reforma constitucional. El “embullo” ha sido el de si se perpetúa o no en el Poder. Sin embargo, otras preocupaciones deberían tener en vilo a la ciudadanía. Ya hoy el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias de la República Dominicana y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios dan una voz de alerta sobre un eje de su interés: el de la propiedad privada.
Hace unos días se anunció –como eje opuesto, el de la estatización- la posible compra de una red de distribución de combustibles. Mientras no hay recursos para cosas esenciales algunos sectores del Gobierno se empeñan en “invertir” como si fueran empresarios o en impulsar grandes obras municipales, dejando al margen el dolor y la amargura del interior (lo que podría pasarle también una dolorosa y amarga factura en procesos electorales).
A la verdad, viendo la forma de gobernar, la inteligencia presente en el tren ejecutivo y las acciones que se toman sólo puedo preguntarme: ¿Un chavismo ilustrado?
Les dejo con algunos de los comentarios que el CONEP, AIRD y ANJE emitieron mediante una nota… el documento de su equipo técnico es extenso, de unas 44 páginas, y pueden solicitárnoslo por esta vía
(tejadamilton@gmail.com). He aquí la nota integra:
Empresariado advierte artículos en Proyecto de Reforma generan confusión respecto al derecho de propiedadSanto Domingo, DN. 16 de febrero de 2009 Organizaciones empresariales agrupadas en el Consejo Nacional de la Empresa Privada –CONEP – advirtieron que en el Proyecto de Reforma Constitucional que cursa en el Congreso existen de manera diseminada algunos Artículos que generan confusión o coartan el ejercicio del derecho de propiedad (consagrado en el mismo Proyecto), además de que recoge un sin número de disposiciones que no deben ser objeto de materia constitucional y de procedimientos que ya están previstos en leyes vigentes en la República Dominicana.
De acuerdo a la organización sombrilla del empresariado un elemento clave para el desarrollo de los países es la existencia de derechos de propiedad bien definidos y fuertemente protegidos para hacer valer su ejercicio y obtener estándares de vida más elevados para la ciudadanía, en razón de lo que partiendo de esta premisa, hay algunas disposiciones que pueden afectar este derecho de propiedad.
“La Constitución debe organizarnos bajo un sistema político democrático y contemplar los principios básicos que pactamos respetar para convivir pacíficamente y desarrollarnos como Nación, por lo que no debe ser un instrumento legal que abarque procedimientos y detalles que ameritarían revisión ante los cambios del orden mundial”, reflexiona el CONEP en un documento elaborado por el Equipo Técnico del Consejo Nacional de la Empresa Privada –CONEP , la Asociación de Industrias de la República Dominicana –AIRD- y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), en el cual formula sus observaciones respecto al proyecto de Reforma Constitucional.
Las observaciones del empresariado fueron entregadas en esta fecha al Congreso Nacional por una representación del sector encabezada por el Lic. Lisandro Macarrulla presidente del CONEP.
Conforme al documento el Proyecto de Reforma Constitucional cae en excesos regulatorios, dotando de rango constitucional diversos aspectos que deben dejarse para su regulación en leyes adjetivas.
De igual manera, apuntala que la consagración del trabajo se dispone como un derecho, pero entra en detalles muy particulares e inflexibiliza sus disposiciones al declararlas vía una Constitución y no por la legislación laboral que vaya acorde con la realidad socio-económica del país; “por ejemplo: Prohibición de discriminación en el trabajo para acceder al empleo o durante la prestación del servicio sin tomar en cuenta criterios como la antigüedad, eficiencia y capacidad (numeral 5); prohibición o limitación al cierre de empresas o a establecer jornadas laborales más flexibles acordes con la realidad económica del país en cuanto a la oferta, demanda, escasez de materias primas (numeral 6), entre otras disposiciones”, indica el escrito.
El informe argumenta que en cuanto a este último numeral, consideramos que la redacción propuesta podría constituir una señal equivocada frente a los inversionistas nacionales y extranjeros, ya que prohibir la reducción de la actividad económica conllevaría a una limitación a la libertad de empresa.
